Al modo Farmaindustria

Editorial

D. José Blanco recoge en su Blog “el cuaderno de Pepe Blanco” un artículo relativo a las declaraciones de la Sra. Aguirre sobre la especulación urbanística. Afirma la Sra. Presidenta que para luchar contra la especulación “no hace falta ningún decálogo”. “Hace falta que se cumpla el decálogo de los diez mandamientos, sobre todo no mentir y no robar”. Afirma el Sr. Blanco literalmente “que si Esperanza tuviera que aplicar un decálogo de buenas practicas urbanísticas en su entorno (hablo del político, faltaría más) se quedaría sin banquillo”.
Pues nosotros estamos en desacuerdo con ambos. Con la Sra. Aguirre, porque según está la situación en buena parte de España, no vendría mal un código deontológico de común acuerdo que podríamos parafrasear con el código de Farmaindustria “para las buenas prácticas en la promoción de medicamentos”. El que nos ocupa, podría darse en llamar: “Código de buenas prácticas para la correcta promoción inmobiliaria”, y que –presumiblemente- sobrepasaría un decálogo con creces.
Por otra parte, no podemos estar de acuerdo con el señor Blanco, porque entendemos que el desempeño de la función pública es similar a la anotación sobre “valor” que se hacía constar en la antigua cartilla militar; es decir “se le supone”. Si hubiera que hacer constar por escrito en un decálogo las prácticas impropias de la gestión urbanística, y entregarlo junto al acta de concejal, probablemente no merecería la pena acudir a las urnas. Estaríamos dando por hecho que existe una desconfianza clara sobre la gestión de cualquier candidato, al que hay de dar por escrito aquello que no se debe hacer.Nuestra posición es bastante más racional; entendemos que no se trata de elaborar códigos específicos, sino que, dentro de la formación obligada para el desempeño cargos públicos, deben comprenderse los conocimientos suficientes para adaptarse a la legislación vigente en la materia. Es decir, la persona que desempeña un cargo electo, debe conocer y ajustarse a la normativa legal en materia de urbanismo. Con eso bastaría. En caso de desconocer la Norma, existen gran cantidad de profesionales del Derecho y técnicos en urbanismo, capacitados para dar solución a la mayor parte de los problemas en este área. El problema viene cuando se inicia un fuego cruzado de acusaciones políticas desde el desconocimiento de la Norma y, francamente, salvo en raras excepciones, no hemos visto publicados argumentos técnicos de peso para valorar medidas urbanísticas adoptadas en la mayor parte de los municipios. No se trata de criminalizar a alcaldes, ediles y constructores, sino de valorar el grado en que sus decisiones afectan a sus municipios, y cómo se ajustan a ética, técnica y Norma; en definitiva a disciplina urbanística.